El Poder Judicial del Estado de México enfrenta un desafío central: la lentitud en la resolución de casos, un problema que, según su presidente Héctor Macedo, afecta directamente la esperanza de quienes buscan justicia. Este retraso prolongado puede equivaler, en la práctica, a una forma de violencia, pues el prolongado tiempo de respuesta desdibuja la confianza ciudadana y amenaza la legitimidad del sistema.
Héctor Macedo, quien ascendió dentro del Poder Judicial desde sus comienzos como mecanógrafo hasta presidirlo, admite que en menos de un año no se pueden esperar transformaciones totales. Sin embargo, señala que la sobredemanda, la resistencia interna y un bloqueo normativo derivado del retraso en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles obstaculizan avances significativos. La puesta en marcha de este código está postergada hasta dentro de varios años, lo que obliga a seguir operando con esquemas legales y administrativos obsoletos.
Este contexto también ha marcado un giro hacia una justicia más visible y cercana a la sociedad. La renovación institucional ha llevado al Poder Judicial a salir de su tradicional invisibilidad: jueces y magistrados ahora recorren comunidades, realizan audiencias públicas, brigadas y visitas casa por casa para acercar la impartición de justicia a los ciudadanos. Este cambio responde a la necesidad urgente de legitimidad pública, que ya no puede obtenerse solo desde edificios solemnes y un lenguaje jurídico inaccesible.
Macedo destaca que la elección directa del presidente del Poder Judicial fue un punto de inflexión para el sistema mexiquense, al forzar a la institución a salir al encuentro de la gente y romper con un esquema burocrático que privilegiaba el silencio y la distancia. No obstante, reconoce que esas respuestas comunitarias por sí solas no resuelven el problema de fondo: la estructura legal y administrativa actual está saturada y es incapaz de responder con la agilidad que exige una sociedad en transformación.
La demora en los procesos judiciales no solo afecta casos individuales sino que implica un costo democrático, ya que la percepción de ineficacia mina la confianza en las instituciones. La justicia, indica Macedo, no se reduce a fallos emitidos, sino que debe ser un puente de legitimación colectiva y esperanza para la ciudadanía.