Atizapán de Zaragoza se perfila como un punto estratégico para Morena en la próxima contienda electoral, con la intención de recuperar el municipio que actualmente lidera un gobernante del PAN. Sin embargo, la reciente gestión de la dirigencia estatal ha evidenciado fracturas internas que amenazan la cohesión del partido, ante la apuesta por candidatos externos y la integración de antiguos adversarios políticos.

El respaldo oficial de Morena en el Estado de México a Enrique Contreras Félix, empresario y presidente del Club Rotario Sayavedra, provocó malestar entre militantes históricos. Contreras fue presentado públicamente como un «perfil joven y entusiasta» con capacidad para atraer sectores de clase media alta, lo que generó la percepción de que la dirigencia busca desplazar a la estructura tradicional del partido, perdiendo así el apoyo de quienes han trabajado en la base.

Por otro lado, la incorporación del diputado local Román Cortés Lugo, ex militante del PAN, alimentó la controversia. Su llegada fue presentada como un refuerzo estratégico para el noroeste del Estado de México, pero despertó un rechazo frontal en las bases morenistas. Militantes fundadores cuestionaron la congruencia de aceptar a un político con historial en un partido contrario, interpretando su cambio como un oportunismo que contradice los principios del movimiento.

Esta situación refleja un vacío institucional en la estructura local, donde la dirigencia estatal mantiene el control, pero sin fortalecer la participación orgánica de la militancia. La falta de representación de los liderazgos consolidados incrementa la disidencia interna, lo que podría complicar los esfuerzos para unificar el voto y conquistar el municipio en 2027.

La disputa actual en Morena en Atizapán ostenta tres frentes abiertos que evidencian cómo las decisiones desde la dirigencia estatal generan tensiones entre perfiles empresariales externos y las bases tradicionales del partido. Para los militantes locales, la política de inclusiones forzadas y apoyos dirigidos podría representar un costo político en un municipio que requiere unidad para recuperar el gobierno.