Una intervención militar coordinada entre Estados Unidos y Venezuela en la región minera del estado Bolívar terminó con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el ‘Niño Guerrero’, líder del grupo delictivo Tren de Aragua. La ONG venezolana Provea solicitó una explicación detallada y total transparencia acerca de este operativo, pues considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos legales, mandos responsables y alcance de la acción conjunta.
El organismo defensor de derechos humanos advierte que la operación podría haberse llevado a cabo vulnerando la soberanía territorial venezolana y violando garantías individuales, bajo la sospecha de una ejecución extrajudicial. Además, Provea exigió al Estado venezolano publicar datos confiables y verificables sobre los resultados humanos del despliegue, incluyendo la cantidad exacta de muertos, heridos y detenidos, así como su correcta identificación.
Este operativo ocurre en un contexto donde el control territorial en el sur de Venezuela, especialmente en zonas ricas en minerales, está marcado por la influencia de grupos armados que surgieron debido a políticas que priorizaron la extracción opaca de recursos por encima del fortalecimiento institucional. Provea recordó que intervenciones anteriores en la región han registrado abusos a derechos civiles, por lo que urgió evitar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra personas ajenas al crimen organizado.
Provea también pidió aclarar los acuerdos internacionales que respaldaron la incursión militar al fiscal general y a la defensora del Pueblo, para evitar la repetición de abusos de autoridad. El gobierno de Estados Unidos anunció inicialmente la operación como un ataque selectivo contra el líder de una estructura que Washington califica como terrorista, información que luego confirmó Caracas bajo un esquema de intercambio continuo de inteligencia y uso de tecnología especializada.
Este despliegue se dio tras la reanudación de vínculos diplomáticos entre ambos países, ocurrida meses antes, y coincide con la aprobación de una nueva Ley de Minas que abre la puerta a la participación de inversionistas extranjeros en el sector, algo que podría modificar la dinámica en regiones con presencia de economías criminales.