Las autoridades de La Paz declararon emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a la grave escasez de oxígeno y suministros médicos provocada por bloqueos de carreteras que se extienden desde hace un mes.

La medida busca priorizar el abastecimiento de oxígeno en hospitales y centros de salud y abrir un corredor humanitario para garantizar la atención médica. Solo se autorizan cirugías de emergencia, mientras que entre 50 y 60 intervenciones programadas serán reprogramadas, según explicó el director del Servicio Departamental de Salud.

Desde el Hospital de la Mujer confirmaron que, aunque se logró un reabastecimiento temporal de oxígeno, las reservas apenas alcanzan para dos o tres días más. Esto expone a los pacientes a riesgos significativos, especialmente aquellos que no pudieron llegar a los centros médicos por los bloqueos.

Uno de los afectados recordó que, tras esperar casi una semana, logró ser intervenido, pero denunció que muchos pacientes desistieron por la dificultad para acceder a los hospitales. El Gobierno informó otro fallecimiento relacionado con la imposibilidad de atención médica, elevando la cifra de muertes, heridos y detenidos vinculados a la conflictiva situación, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Los bloqueos, que ocurren en siete de los nueve departamentos del país, afectan principalmente a La Paz y Cochabamba, zonas donde la movilidad está severamente restringida. En Santa Cruz, el principal motor económico del país, se permitió el paso temporal de vehículos con oxígeno, combustible y alimentos durante un par de horas para aliviar la crisis.

En medio de la tensión política, sectores movilizados reiteraron su rechazo al diálogo y mantuvieron las movilizaciones, exigiendo la renuncia del presidente del Estado Plurinacional. El gobierno sostuvo que los hechos están ligados a grupos afines a expresidentes y rechazó las acusaciones sobre la responsabilidad en el conflicto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado y a los manifestantes a privilegiar el diálogo y a respetar los derechos ciudadanos, buscando una solución que garantice la atención sanitaria y el derecho a la protesta pacífica.