La integración de la inteligencia artificial (IA) en las universidades mexicanas ha ido avanzando sin una regulación contundente que establezca límites y responsabilidades claras. Esta herramienta ya forma parte cotidiana de actividades como corregir borradores, resumir textos y apoyar la preparación de clases, pero ha generado incertidumbre sobre temas sensibles como la autoría, el plagio y la privacidad.
El problema central no reside en la tecnología en sí, sino en la ausencia de normativas institucionales que rijan su aplicación. Mientras algunas plataformas se adoptan por moda, urgencia o recomendación informal, tanto estudiantes como profesores enfrentan decisiones aisladas sobre permitir o castigar su uso. Esta dispersión informal genera una "política" de facto que no corresponde a una estrategia institucional propiamente dicha.
El Índice Campus de Gobernanza Universitaria 2026 (ICGU) cuestiona la capacidad real de las universidades para gobernar el uso de la IA dentro de sus comunidades. Más allá de medir prestigio o producción académica, este índice examina la preparación interna para tomar decisiones anticipadas que eviten que las prácticas no reguladas terminen guiando el uso de estas tecnologías.
Es posible que una universidad destaque en indicadores académicos e incluso en transformación digital, pero carezca de una política clara sobre el impacto pedagógico y ético de la IA. Además, el manejo y la protección de los datos generados en el contexto educativo carecen de definición explícita, lo que representa un riesgo para la privacidad y la confidencialidad.
La gobernanza de la inteligencia artificial debe centrarse en establecer claramente quién tiene la autoridad para autorizar su uso, quién debe supervisar su aplicación, quién se encarga de documentar los procesos y quién asume la responsabilidad cuando surgen problemas. Evitar el permanente sospechoso o la regulación excesiva implica asumir una posición institucional firme que no puede limitarse a lo administrativo o normativo superficial.
Hasta ahora, en muchas universidades públicas mexicanas, esta discusión apenas comienza y encuentra resistencias por la complejidad que implica coordinar a múltiples actores y áreas educativas. La demora para enfrentar estas preguntas puede generar que la costumbre sea el único marco que rija el uso de la IA, con las consecuencias impredecibles que eso conlleva para la calidad educativa y la transparencia.