El gobierno de Estados Unidos descartó haber concedido permisos de entrada humanitarios a dos gobernadores mexicanos, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La aclaración surge tras reportes periodísticos que aseguraban que se habían revocado sus visas, un señalamiento desmentido directamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense.
Mediante un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz oficial confirmó que ninguno de los mandatarios recibió un permiso denominado "parole", una figura legal que concede una entrada o estancia temporal a extranjeros sin requerimiento de visa, siempre que su presencia aporte un beneficio público significativo al país.
Este tipo de permisos, que autorizan una especie de protección temporal frente a la deportación, solo pueden otorgarse bajo estrictas condiciones y mediante la aprobación exclusiva de tres oficinas dentro del DHS. Para zanjar la polémica, las autoridades estadounidenses realizaron una minuciosa revisión de sus registros en sistemas de aduanas y fronteras y ratificaron que Durazo y Villarreal no cuentan con este beneficio.
Por otro lado, el Departamento de Estado de EE. UU. destacó que la verificación de antecedentes para otorgar o mantener visas es un proceso constante y dinámico. Los oficiales consulares están facultados para revocar visas si detectan nueva información que implique riesgos para la seguridad nacional.
Estos casos se inscriben en un contexto de creciente escrutinio estadounidense sobre funcionarios mexicanos relacionados con acusaciones de corrupción y otros riesgos de seguridad. La determinación de negar beneficios migratorios especiales a los gobernadores refleja un aumento en la vigilancia y control de los vínculos políticos entre ambos países.