Bella Verano Domínguez, diputada del PP, denunció en el Congreso de los Diputados un estancamiento sistemático en las infraestructuras hídricas de Almería durante la discusión de una proposición de su grupo. Según la parlamentaria, el Estado español tiene previstas inversiones superiores a 36.000 millones de euros en planificación hidrológica, pero apenas ejecuta el 6 por ciento de lo planificado. Para Verano, el problema no radica en la identificación de necesidades, sino en la incapacidad de garantizar la seguridad hídrica y el equilibrio territorial.
Verano señaló 17 obras pendientes en la provincia. Entre ellas destacó las desaladoras del Bajo Almanzora en el entorno de Cuevas del Almanzora, Carboneras y Campo de Dalías, que impacta municipios como El Ejido. A esto sumó los recortes constantes al trasvase Tajo-Segura, recurso fundamental para la agricultura del levante almeriense. La diputada popular aseguró que mientras el Estado incumple, la Junta de Andalucía responde asumiendo actuaciones que no son de su competencia.
Desde el PSOE, la diputada Trinidad Carmen Argota Castro refutó los reproches, calificando el argumento del PP como carente de visión sobre ordenación del territorio y cambio climático. Defendió que el Gobierno de España invierte más de 2.000 millones de euros en gestión y mejora de recursos hídricos para garantizar sostenibilidad y resiliencia.
Argota cuestionó la precisión de las acusaciones sobre la desaladora del Almanzora 1, recordando que fue un proyecto rescatado en 2018 por el Ejecutivo actual tras siete años de parálisis bajo el anterior Gobierno. Según datos que aportó la socialista, esta infraestructura proporcionará 20 hectómetros cúbicos adicionales de agua desalada el próximo año. Respecto a la desaladora de Carboneras hacia la Venta del Pobre en Níjar, denunció que la Junta de Andalucía aún no ha aprobado ni adjudicado los caudales de concesión de agua, lo que bloquea cualquier avance.
El debate cerró sin convergencias. Verano exigió cumplimiento de lo previsto y respeto a las necesidades de los municipios almerienses, mientras que Argota sostuvo que el Gobierno español ha cumplido sus compromisos con fondos europeos y proyectos garantistas. La sesión evidenció dos interpretaciones irreconciliables sobre responsabilidades en la gestión hídrica de Andalucía, dejando pendiente la ejecución de infraestructuras que resultan críticas para los sectores productivos locales.
