Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, cifró en 21 las personas ejecutadas en Irán desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel a finales de febrero. Nueve de estas muertes estarían vinculadas a las protestas antigubernamentales que ocurrieron en enero, mientras que diez corresponderían a individuos acusados de pertenecer a grupos opositores y dos a supuestos cargos de espionaje.
En un comunicado, Turk expresó su preocupación por las "medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra los disidentes, especialmente mediante el uso de cargos relacionados con la seguridad nacional". Señaló que miles de personas han sido detenidas durante los últimos meses y advirtió sobre el uso de definiciones vagas en los delitos contra la seguridad nacional que incluyen hasta a menores de edad, exponiéndolos al riesgo de la pena capital.
El funcionario denunció procedimientos judicales injustos, falta de acceso a defensa legal y el uso de confesiones forzadas para fundamentar condenas. Estimó que desde el 28 de febrero más de 4.000 personas han sido detenidas por presunta implicación en delitos de seguridad nacional. Muchos han enfrentado desapariciones forzosas, tortura y tratos crueles, afectando especialmente a miembros de minorías.
Turk alertó sobre las condiciones extremas en las cárceles iraníes: hacinamiento masivo, falta de alimentos, agua, medicinas e higiene. Destacó la situación de la premio Nobel de la Paz Narges Mohamadi, encarcelada en condiciones de alto riesgo. En la cárcel de Chabahar, al menos cinco detenidos murieron tras protestas por la suspensión prolongada de alimentos, y dos más fallecieron bajo custodia posteriormente.
Además, denunció apagones de Internet que han durado hasta 61 días en gran parte del país, descritos como algunos de los peores registrados globalmente. El comisionado pidió a las autoridades iraníes detener las ejecuciones, establecer una moratoria sobre la pena capital, garantizar juicios justos y liberar a los detenidos arbitrariamente.
