El juez encargado del caso Montoro, Rubén Rus, inició las declaraciones de los imputados en la causa que investiga si la asociación de fabricantes de gases industriales contrató un bufete vinculado al exministro Cristóbal Montoro para obtener ventajas fiscales mediante reformas legales. La investigación se centra en la contratación y el papel del despacho llamado Equipo Económico en negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
El magistrado prefirió comenzar por los responsables empresariales antes que por los integrantes del bufete. El primer interrogado fue Eduardo Gil Elejoste, ex presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), quien aparece como figura central en varias reuniones bajo sospecha. También fue citada Jacobina Escámez, exdirectora de Impuestos de Praxair Europa, involucrada en las negociaciones con Hacienda.
Gil Elejoste, que fue también consejero de Nippon Gases Europe y director general de Praxair para España y Portugal, apareció en correos electrónicos y en una teleconferencia clave de octubre de 2013 donde se decidió contratar a Equipo Económico y establecer condiciones de pago y entrega de informes al Ministerio de Hacienda. Como presidente de AFGIM, presentó a Manuel de Vicente Tutor, representante del bufete, a los socios de las compañías del sector gasístico.
Además, Gil participó en reuniones celebradas en el bufete creado por Montoro en diciembre de 2013, así como en un encuentro en el Ministerio de Hacienda en marzo de 2014 donde, según la investigación, se redactó un texto para el secretario de Estado de Hacienda. En mayo de 2014, también estuvo en la sede de Equipo Económico para preparar documentación entregada al secretario de Estado y que contó con la presencia de otros directivos como Jacobina Escámez y Jorge Pedrazuela, de Air Liquide.
Investigadores señalan la participación de Gil Elejoste en sucesivos encuentros con la Dirección General de Tributos relacionados con la publicación de un reglamento en diciembre de 2014 y en propuestas para modificar gravámenes del impuesto de actividades económicas (IAE) durante 2017.
El juez desestimó la posibilidad de que las declaraciones se realicen por videoconferencia debido a limitaciones técnicas del juzgado, lo que implica que las comparecencias deben ser presenciales. Asimismo, ha vuelto a programar las declaraciones de otros investigados, algunas de las cuales fueron suspendidas previamente. Entre estos se encuentra el director técnico de Messer Ibérica, otra de las empresas involucradas en la causa.