Para enfrentar el problema del robo de autopartes, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa que crea un tipo penal específico en el Código Penal estatal. Con ello, busca establecer castigos claros para quienes se apoderen, sustraigan o comercialicen partes de vehículos sin autorización.
La propuesta define el delito como la toma, desmantelamiento, almacenamiento o distribución total o parcial de autopartes sin consentimiento legal. Plantea penas de prisión que van de cuatro a diez años, junto con multas económicas que oscilan entre 300 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, la iniciativa contempla agravantes que aumentarían las sanciones hasta en un 50%, como la participación de varias personas, el uso de violencia física o moral, la reincidencia, o cuando el delito se cometa en estacionamientos públicos, privados o con acceso restringido. También se elevan las penas si se afecta a múltiples vehículos, existe la intención de comercializar las piezas o si se utilizan tecnologías para desactivar alarmas o sistemas de seguridad.
El legislador destacó que aunque la propuesta no erradica completamente este delito, su difusión y aplicación podrían desincentivar estas prácticas delictivas en la vía pública y ofrecer una herramienta legal más eficaz para combatirlas.