Las universidades tecnológicas y politécnicas enfrentan un retraso presupuestal de más de una década que ha afectado tanto a la calidad educativa como a las condiciones laborales de sus trabajadores, quienes exigen un aumento en la asignación de recursos y el respeto a sus derechos sindicales. Jorge Ortiz respaldó estas demandas y se comprometió a apoyar en la gestión de mayores fondos ante las autoridades educativas y de presupuesto.
Ortiz expresó su solidaridad con el sector y anunció que se presentarán oficios ante la Comisión de Presupuesto y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública para establecer mesas de trabajo que atiendan estas peticiones. Según él, estas universidades han demostrado una evolución continua en su calidad educativa y en su aporte a la nación, por lo que merecen también salarios dignos para su personal.
Leonel Velázquez, representante de la Federación de Trabajadores de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, explicó que el sistema tecnológico fue concebido para formar mano de obra especializada distinta a la de las universidades autónomas, sin embargo, el proyecto fue perdiendo impulso con el tiempo. Además, reveló que estas instituciones no forman parte formal del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que provoca una constante reducción de recursos destinados tanto a lo administrativo como a lo académico, afectando directamente a sus estudiantes.
Trabajadores de universidades de Michoacán, Chihuahua y Zacatecas señalaron que el presupuesto que reciben es «solidario», es decir, se destinan los recursos sobrantes tras otras asignaciones, en lugar de ser una partida ordinaria y permanente. Esta condición mantiene a las instituciones en desventaja y perpetúa su atraso. También pidieron una regulación general del modelo de universidades tecnológicas y politécnicas para clarificar su financiamiento y operación.
Además, denuncian vulneraciones a derechos laborales en algunos estados, que agravan la precariedad del personal. Reiteran la necesidad de diálogo directo con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Universidades Tecnológicas, para que se consideren sus reclamos y se propicie un cambio estructural en la asignación presupuestal y las condiciones laborales del subsistema tecnológico.