El sistema educativo mexicano enfrenta una falta de reformas profundas durante la gestión obradorista, lo que impide avances significativos en la calidad ciudadana, moral y democrática del país. A diferencia del intento previo del gobierno de Peña Nieto, que promovió una reforma educativa integral con la introducción de escuelas de tiempo completo, la actual administración optó por desmantelar esos esfuerzos y mantener un statu quo que favorece la inercia y la evasión de responsabilidades.
El magisterio en México, uno de los gremios más numerosos e influyentes en decisiones nacionales y procesos electorales, sigue siendo un actor dominante en la definición de políticas educativas. Sin embargo, la relación entre los sindicatos y las autoridades continúa siendo conflictiva y poco productiva, lo que mantiene sin resolver demandas fundamentales de los padres de familia y estudiantes. Esta dinámica limita el avance hacia estándares internacionales más altos y mejora en la calidad de enseñanza frente a las principales economías globales.
La visión progresista del gobierno actual no ha logrado superar las deficiencias anteriores ni ofrecer una alternativa que impulse un cambio sustantivo. En el campo educativo, emblemático para el desarrollo social y la justicia, la falta de una comunidad letrada comprometida con la crítica y el conocimiento obstaculiza la evolución civilizatoria de México. Así, el proyecto educativo bajo el obradorismo no presenta mayores mejoras respecto a las políticas aplicadas por administraciones de signo diferente, evidenciando un estancamiento preocupante en un sector clave para el futuro nacional.