Un grupo de maestros de Michoacán presentó un llamado urgente para que se renueve el liderazgo de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El reclamo principal es que la elección del nuevo comité ejecutivo se realice con voto universal, libre, directo y secreto, además de que la dirigencia sea reconocida oficialmente por los gobiernos federal y estatal. Esta representación legítima, aseguran, es fundamental para defender los derechos laborales frente a la Secretaría de Educación en el Estado.

El movimiento magisterial, conocido como Proyecto de Unificación y Regularización Sindical y Educativo, también solicitó la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Esta demanda se alinea con compromisos expresados por la presidenta de la República y busca terminar con la centralización de trámites que, según los docentes, entorpece el funcionamiento cotidiano de las escuelas de niveles básico y medio superior.

En cambio, proponen que los directores, supervisores y jefes de departamento tengan la capacidad oficial para resolver asuntos relacionados con el personal, como cambios de adscripción, ascensos y otros trámites que hoy dependen excesivamente de oficinas centrales. Esto, dicen, agilizaría la operación escolar y devolvería mayor poder de decisión a las comunidades educativas.

El pronunciamiento oficial también incluye otras peticiones clave que apuntan a mejorar las condiciones laborales y la convivencia dentro del magisterio michoacano. Entre ellas destaca la necesidad de homologar salarios, prestaciones y criterios de promoción entre trabajadores con plazas estatales y federales, además de regularizar a quienes han ejercido funciones directivas por más de tres años sin nombramiento formal.

Por otra parte, los maestros pidieron un sindicalismo más inclusivo, que garantice la no discriminación ni el hostigamiento laboral por posturas políticas o ideológicas. También solicitaron un combate efectivo a la corrupción mediante el respaldo a directivos y supervisores para que cumplan con sus funciones sin interferencias indebidas.

Este posicionamiento político fue presentado ante autoridades estatales y federales, a quienes se solicitó atender de manera inmediata los rezagos históricos del sistema educativo en Michoacán y ofrecer certidumbre laboral a miles de trabajadores de la educación, buscando un impacto positivo en la calidad educativa y en la estabilidad del magisterio.