El Congreso de Baja California modificó la Ley de Educación para otorgar a las asociaciones de padres de familia un papel directo en la selección de proveedores de uniformes escolares, con el objetivo de reducir costos y mejorar la calidad del producto.
La reforma legal exige que la autoridad educativa estatal establezca lineamientos claros para que las escuelas, en conjunto con los padres, firmen convenios transparentes y equitativos que regulen la compra de uniformes. Esto incluye a colegios particulares, que deberán cumplir con estas disposiciones.
Con esta medida se busca evitar prácticas monopólicas que han elevado los precios y reducido la calidad de los uniformes, al tiempo que se asegura la libertad de elección de las familias, quienes no estarán obligadas a contratar un proveedor específico. Así, el uniforme retoma su función social como símbolo de inclusión y equidad al facilitar opciones que respetan la economía familiar.