El Partido Acción Nacional (PAN) presentó formalmente una solicitud para desaparecer los poderes en Sinaloa, acusando al partido Morena de mantener una alianza con grupos delictivos. Esta petición se da en un contexto de creciente tensión política y violencia en la entidad, donde la seguridad y la gobernabilidad están en entredicho.
En paralelo, el PAN busca convocar a un periodo extraordinario para posponer la elección judicial y revisar a fondo la reforma relacionada. Sin embargo, Morena descartó que haya alguna iniciativa en análisis o acuerdos concretos para legislar sobre este tema, marcando una clara diferencia entre ambas fuerzas políticas.
La crisis en Sinaloa también afecta a sectores empresariales, ya que alrededor de cuarenta organismos y cámaras empresariales de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave enviaron un pliego petitorio al gobierno local. Entre sus demandas figura la implementación de un blindaje estratégico para proteger zonas económicas clave del estado, a fin de mitigar la inseguridad y la inestabilidad.
Por otro lado, la Secretaría de Gobernación se comprometió a restablecer bases militares en Chilapa tras un desplazamiento masivo causado por la violencia, en una acción que refuerza la presencia del Estado en territorios afectados. Esta medida fue anunciada durante la visita de la titular del área a las comunidades más afectadas por la crisis.
En otros hechos relevantes, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ha vinculado a este caso a Joaquín Guzmán, hijo del exlíder del cártel de Sinaloa, El Chapo Guzmán.