Una reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios propone garantizar la educación inclusiva desde la primera infancia, armonizando la normativa local con la ley federal. Esta iniciativa enfatiza la obligación de ofrecer materiales y apoyos tecnológicos específicos para mejorar el desempeño académico de estudiantes con discapacidad.
Entre las medidas destacadas se encuentran la certificación oficial de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la habilitación de bibliotecas públicas con diseños universales y tecnologías accesibles. La propuesta también plantea equipar centros educativos con libros en Braille, textos audibles, macrotipos y dispositivos adaptados para personas con baja visión o ceguera.
Además, se busca asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la educación pública obligatoria en todos sus niveles, incluyendo la educación inicial y preescolar, así como sistemas de comunicación alternativos como la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema Braille. La iniciativa prohíbe condicionar la inscripción y permanencia en el sistema educativo estatal por motivos de discapacidad.
Para apoyar estos objetivos, se prevé la implementación de programas de capacitación y certificación para intérpretes, estenógrafos y personal especializado, así como la promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías y programas alternativos de comunicación. También se establecen lineamientos para que los contenidos educativos difundidos por televisión pública estatal o plataformas digitales oficiales incluyan tecnologías como audiodescripciones, texto y estenografía proyectada.
Otra propuesta es que estudiantes de educación media superior y superior puedan realizar servicio social brindando apoyo o mentoría a personas con discapacidad, fomentando así su inclusión y acompañamiento activo.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y posible dictamen.