Docentes, evaluadores y supervisores de Educación Indígena se movilizaron en Veracruz para exigir transparencia y respeto en el proceso de asignación de plazas magisteriales, luego de que circularan denuncias sobre supuestas irregularidades en las evaluaciones lingüísticas aplicadas a aspirantes. La protesta tuvo lugar frente a una escuela en Xalapa, donde los manifestantes refutaron públicamente las versiones que señalaban favoritismos y manipulación de resultados para el ciclo escolar 2026-2027.
Los participantes aseguraron que las evaluaciones realizadas en mayo se desarrollaron bajo la supervisión oficial de autoridades educativas y de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (Aveli), siguiendo estrictos protocolos para garantizar la legalidad y transparencia. Entre las medidas mencionaron que los exámenes llegaron en sobres sellados, fueron abiertos frente a supervisores y resguardados nuevamente tras la aplicación. También destacaron la prohibición del uso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos durante las pruebas para prevenir filtraciones.
La protesta surgió tras la difusión en redes sociales de acusaciones que afirmaban que algunos aspirantes habrían aprobado sin responder correctamente o por posibles filtraciones. En respuesta, los docentes rechazaron la idea de repetir el examen, alertando sobre el impacto negativo que tendría para más de 600 aspirantes, en su mayoría provenientes de comunidades indígenas en zonas rurales con limitaciones en transporte, conectividad y recursos económicos.
Solicitaron a la Secretaría de Educación de Veracruz investigar las denuncias de fraude y la posible circulación de exámenes en plataformas digitales, pero advirtieron contra cualquier medida que pueda afectar los derechos laborales y educativos de los docentes indígenas. Estas tensiones se enmarcan en un contexto de rezago histórico en la educación indígena en Veracruz, donde se hablan al menos 15 lenguas originarias y múltiples variantes dialectales.
Expertos y organizaciones han señalado en múltiples ocasiones la carencia de intérpretes certificados y personal capacitado para atender las necesidades educativas y judiciales de estas comunidades, lo que dificulta la implementación adecuada de procesos que garanticen igualdad y respeto cultural en el ámbito educativo.