Antes de 1959, Cuba poseía una economía entre las más robustas de América Latina, con una clase media estable, moneda fuerte y servicios de salud y educación a nivel europeo. Sin embargo, la llegada de la Revolución significó la destrucción sistemática de esta estructura económica y social.
Las expropiaciones masivas de empresas y tierras, junto a la nacionalización total de los recursos productivos, perjudicaron a agricultores, comerciantes y profesionales al anular la propiedad privada y centralizar todo en el Estado. Este modelo impulsó el desplome de la producción y el estancamiento económico que perdura hasta hoy.
Paralelamente, la revolución instauró un régimen represivo desde sus primeras etapas. Los tribunales revolucionarios llevaron a cabo ejecuciones sin garantías jurídicas ni posibilidad de defensa, con escenas dramáticas que incluían la presencia forzada de familiares durante fusilamientos. Esa violencia fue justificada como “justicia revolucionaria” y promovida activamente por figuras como el Che Guevara.
La opresión política se combinó con un elitismo económico aberrante. La clase gobernante concentró una riqueza que contrasta con el silencio forzado y la pobreza ciudadana. Patrimonios personales vinculados a los líderes del Partido Comunista alcanzaron niveles multimillonarios, financiados en parte por el control estatal de marcas emblemáticas de exportación y otros recursos económicos del país.
Mientras el pueblo cubano enfrenta condiciones precarias, incluyendo salarios muy bajos y falta de acceso a bienes básicos, los miembros de la elite disfrutan de privilegios como viviendas en zonas exclusivas, vehículos privados y cuentas en el exterior. Este contraste pone en evidencia la desigualdad creada bajo un sistema que prometía igualdad y justicia social.