La presencia de ideologías relacionadas con masculinidades tóxicas, como las comunidades incels y los grupos que promueven la idea de “hombres de alto valor”, se ha incrementado notablemente en internet, afectando sobre todo a adolescentes en formación que no siempre cuentan con el acompañamiento necesario para discernir esos mensajes perjudiciales.

Estas corrientes, que surgieron con propuestas iniciales como el desarrollo personal y profesional masculino, han derivado en discursos que reproducen la violencia y la discriminación contra las mujeres, consideradas como inferiores o como objetos para ejercer control, lo que representa un retroceso en la lucha por la igualdad de género y los derechos femeninos.

Frente a este fenómeno, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) sostuvo que fortalecer el núcleo familiar resulta clave para prevenir que niños y adolescentes adopten modelos de comportamiento que validan la violencia y la exclusión. En este sentido, cuidar la salud mental y emocional de los jóvenes es fundamental para contrarrestar estos discursos dañinos.

Paralelamente, se subrayó la necesidad de avanzar en la consolidación del sistema estatal de cuidados, pues las mujeres soportan una sobrecarga laboral que combina el empleo remunerado con el cuidado no remunerado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Este trabajo invisible equivale a una proporción significativa del producto interno bruto estatal y recae mayoritariamente en ellas, lo que limita el tiempo y la energía que pueden dedicar a la supervisión y orientación de sus hijos respecto a los contenidos que consumen en línea.

Entre las medidas propuestas se destacan la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con la intención de que los adultos dispongan de más tiempo para vincularse activamente con sus hijos y orientar el uso responsable de la tecnología y las redes sociales.

El escenario plantea un desafío para las futuras administraciones locales, que deberán impulsar políticas que no solo protejan a las mujeres, sino que también involucren a las familias como protagonistas en la formación de las nuevas generaciones, evitando la normalización de las actitudes violentas y discriminatorias presentes en algunos espacios digitales.