El Congreso de Jalisco vetó el Plan B de la Reforma Electoral que pretendía homologar la legislación estatal con la Constitución federal y establecer límites en el gasto público y controles para aspirantes a cargos públicos. La votación concluyó con mayoría en contra de MC, PAN y PRI, mientras que Morena y sus aliados defendieron la iniciativa.

Entre los cambios propuestos, destacaba la reducción a 15 del número de regidores en los ayuntamientos, un tope para los salarios de consejeros y magistrados electorales, así como un límite para el gasto del Congreso en menos del 0.70% del presupuesto estatal total. A pesar de estas medidas, la reforma generó división interna, pues solo tres de los siete diputados de Morena estuvieron presentes en la sesión de votación.

El dictamen rechazado también incorporaba varias propuestas del PAN que buscaban imponer requisitos estrictos a los candidatos para las elecciones de 2027, como exámenes de control de confianza, antidrogas, pruebas del polígrafo, evaluaciones psicológicas y la presentación de una carta de no antecedentes penales. Sin embargo, estos puntos no lograron consenso.

El coordinador del PAN criticó la falta de acuerdo y acusó a Morena de simular interés en combatir la infiltración del narcotráfico en la política jalisciense, advirtiendo que su bancada solo acompañaría reformas serias que aborden ese problema. Por su parte, el líder de Morena lamentó que el PRI no apoyara la reforma, argumentando que la propuesta buscaba ahorrar recursos para atender necesidades públicas, en lugar de financiar gastos excesivos en los Congresos.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Gabriela Cárdenas defendió la necesidad de establecer medidas para evitar que el crimen organizado infiltre las candidaturas en 2027, cuestionando si era razonable exigir transparencia patrimonial y controles de confianza a los aspirantes. A pesar de estas solicitudes, los candados no se aprobaron.

La sesión evidenció una fractura partidista enfocada en cómo enfrentar los desafíos electorales, el control financiero y el combate a la narcopolítica en Jalisco, con un rechazo que mantiene el statu quo frente a una reforma considerada por algunos como una oportunidad para modernizar el marco electoral local.