La cifra de personas desaparecidas en Sinaloa creció de manera alarmante durante el mandato de Rubén Rocha Moya, pasando de 270 casos en 2022 a 951 en 2025, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Este aumento representa un alza del 252% en el número de desaparecidos y no localizados en el estado.
Entre el inicio de su administración y mayo de 2026, se reportaron más de 5 mil desapariciones en Sinaloa. De esas, poco más de la mitad continúan sin localizarse. En paralelo, bajo el gobierno interino de Yeraldine Bonilla, que asumió tras la licencia solicitada por Rocha Moya, se registraron 149 nuevas desapariciones en apenas dos meses.
La Comisión Nacional de Búsqueda evidencia una tendencia sostenida al alza desde 2022, con un marcado aumento año con año que refleja un deterioro en las condiciones de seguridad en la entidad. Experiencias de expertos consultados vinculan este fenómeno con conflictos internos entre grupos del narcotráfico, la imposibilidad de las autoridades para frenar la violencia, y la debilidad institucional para investigar y prevenir estos delitos.
En este contexto, Rocha Moya enfrenta acusaciones internacionales: Estados Unidos solicitó su extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, alegando que desde su posición facilitó la operación del cártel y su facción conocida como “Los Chapitos”. La DEA y fiscales federales han presentado evidencias que apuntan a su colaboración y protección de dichos grupos criminales.
Especialistas destacan que el incremento de desapariciones refleja más que un problema local: es un síntoma del control territorial por parte de organizaciones delictivas, que operan con impunidad ante la limitada capacidad estatal para responder. Este escenario está marcado por desplazamientos forzados y altos índices de impunidad, que dificultan la búsqueda efectiva y la justicia para las víctimas.