El gobierno de Estados Unidos presentó una apelación contra la decisión judicial que obliga a reembolsar a empresas los aranceles impuestos y luego anulados por la Corte Suprema. Esta medida podría frenar un proceso que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya había comenzado a ejecutar para devolver miles de millones de dólares cobrados indebidamente.
La orden judicial surge tras el fallo del Supremo, que en febrero determinó que la administración Trump excedió su autoridad al imponer aranceles globales amparándose en una ley de emergencia. En respuesta, un juez del Tribunal de Comercio Internacional estableció que estos gravámenes deben ser reembolsados, pero asignó a la CBP el manejo y los tiempos de dicho reembolso.
Hasta antes de la apelación, la CBP había avanzado en la devolución de parte de esos fondos: se procesaban rembolsos por un monto estimado en más de 85 mil millones de dólares, con aproximadamente 20 mil millones ya aprobados para pago. El total a reembolsar podría alcanzar los 166 mil millones de dólares y más de 330 mil importadores podrían ser beneficiarios, incluyendo grandes compañías como FedEx y Costco, así como pequeñas y medianas empresas.
Desde su regreso al poder en 2025, Trump impuso aranceles a países aliados y rivales, utilizando facultades especiales para aplicar estos gravámenes. Aunque la Corte Suprema anuló esos aranceles generales, mantuvo vigentes algunos gravámenes sectoriales. Mientras tanto, el gobierno republicano instaló un arancel temporal del 10% sobre ciertas importaciones, en espera de establecer tasas definitivas bajo otro marco legal.
Además, Trump ha sugerido que algunas empresas que no solicitaron esos reembolsos podrían ser consideradas de manera preferencial, lo que añade incertidumbre al proceso de devolución. La apelación presentada ahora pone en pausa o podría modificar el ritmo y la forma en que las compañías reciben estos fondos que, tras el fallo judicial, quedaron pendientes de pago.