El gobierno de Guatemala concedió el permiso para que fuerzas de seguridad de Estados Unidos lleven a cabo operaciones conjuntas dentro de su territorio, especialmente en la frontera norte con México. Esta medida busca reforzar la lucha contra redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas y migración irregular, áreas donde el país centroamericano enfrenta importantes desafíos.
En este acuerdo bilateral, las agencias estadounidenses ofrecerán apoyo logístico, inteligencia y entrenamiento especializado a los batallones especiales de las fuerzas armadas y la policía civil guatemalteca. La cooperación incluye un sistema escalonado de acciones, que comienza con un intercambio en tiempo real de datos satelitales y perfiles de grupos criminales, seguido por patrullajes terrestres y aéreos mixtos, y culmina con bloqueos estratégicos a infraestructuras utilizadas por los traficantes.
El despliegue operativo se concentrará principalmente en la región limítrofe con México, un punto clave en las rutas migratorias y de contrabando. Las maniobras incluyen patrullajes en zonas fluviales del departamento de Petén y acciones específicas para controlar corredores considerados puntos ciegos utilizados por las organizaciones criminales.
Este acercamiento coordinado representa un cambio significativo en la política de soberanía y cooperación militar de Guatemala, pero también ha provocado debates en el Congreso del país. Algunos sectores opositores reclaman que la presencia de tropas estadounidenses en suelo nacional debe recibir una autorización legislativa explícita para respetar el marco constitucional vigente.
Por su parte, el Poder Ejecutivo defendió la legalidad del acuerdo, señalando que se enmarca en tratados de asistencia mutua ya vigentes entre ambos países. Además, enfatizaron que el mando estratégico de las operaciones permanecerá bajo la autoridad de los altos mandos guatemaltecos para garantizar el control nacional sobre las acciones conjuntas.