El Gobierno de Ciudad de México activó una investigación para esclarecer el retiro de un antimonumento colocado en la rotonda del Ángel de la Independencia, símbolo icónico de la capital. Esta estructura había sido instalada por colectivos y familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de visibilizar la crisis por la desaparición forzada en México.

La pieza recordaba a las más de 130 mil personas desaparecidas reportadas oficialmente en el país y fue instalada en el marco del primer aniversario de la desaparición de Ana Amelí, una joven de 19 años que desapareció tras subir a un pico del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. En la estructura se leía la leyenda «México, campeón mundial en desaparición. +135 000 en 2026», un mensaje que buscaba denunciar la magnitud de este problema.

En una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, instruyó a la Secretaría de Seguridad capitalina para determinar los responsables del retiro. La mandataria pidió transparencia y claridad en el proceso, evitando especulaciones sobre su responsabilidad directa en el hecho.

La organización internacional Amnistía Internacional se manifestó a través de sus redes sociales, exigiendo a las autoridades capitalinas una investigación pronta y exhaustiva, además de un diálogo abierto y respetuoso con los familiares y colectivos de búsqueda. AI enfatizó la necesidad de que se informen públicamente los resultados y se garantice la protección de quienes buscan justicia.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, expresidenta de la Ciudad de México, negó que el gobierno actual estuviera involucrado en la remoción del antimonumento y subrayó que durante su administración se respetó siempre la manifestación de las familias afectadas. Además, recordó que la Secretaría de Gobernación mantiene una cercanía con los colectivos, incluso con la elección de la responsable de la Comisión de Búsqueda.

La desaparición de personas en México representa una crisis humanitaria reconocida por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe reciente señaló que el fenómeno está vinculado principalmente al crimen organizado y plantea graves desafíos para las autoridades nacionales y locales.