La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, urgió a que se haga justicia en el caso de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa acusado por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico. Campos pidió que Rocha Moya sea entregado a las autoridades para responder ante la ley y llamó a no permitir que el asunto quede en el olvido.
En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, la mandataria rechazó cualquier tipo de intervención militar unilateral en territorio mexicano, asegurando que su compromiso con la soberanía del país es absoluto y no admite excepciones. Campos vinculó esta postura con la actual crisis de confianza internacional que, según ella, pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la estabilidad que sostiene a millones de familias mexicanas.
La gobernadora añadió que la verdadera defensa de la soberanía no reside en discursos, sino en el cumplimiento estricto de la ley y en cortar cualquier vínculo entre autoridades y crimen organizado. Criticó lo que calificó como protecciones por parte del «régimen morenista» hacia gobernantes y funcionarios acusados de delitos relacionados con el narcotráfico. Campos reiteró su exigencia de investigaciones públicas y transparentes que incluyan a todos los señalados en estos casos.
Este pronunciamiento ocurre luego de que Estados Unidos solicitara la detención y extradición de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno mexicano ha pedido que se presenten pruebas más contundentes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) indica no tener elementos suficientes para ordenar una detención provisional urgente.
La controversia se intensificó tras un operativo antinarcóticos en Chihuahua donde murieron cuatro personas, dos de ellas agentes estadounidenses aparentemente vinculados a la CIA, cuya participación no fue autorizada ni informada al gobierno mexicano. Este hecho generó un fuerte debate sobre la soberanía nacional y la conducción de la seguridad pública.
Campos defendió la necesidad de separar este caso específico de sus críticas hacia la cooperación en seguridad y insistió en que México solo garantiza su soberanía con un Estado de derecho fortalecido, cumplimiento de la ley y transparencia en las investigaciones, no con intervenciones extranjeras realizadas sin autorización.