La organización conjunta del Mundial de Futbol 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá ha intensificado la actividad en las ciudades mexicanas sede, que recién han comenzado a enfrentar la urgencia de preparar infraestructura y servicios tras años de postergación. Aunque la FIFA anunció la designación de las sedes en 2018, fue hasta meses recientes que en México se evidenció la presión por cumplir con los estándares internacionales, acelerando trabajos que debieron iniciarse hace casi una década.

Las remodelaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey muestran una realidad marcada por contrastes. Mientras la capital presume una renovación con acabados ostentosos en la estación de metro Hidalgo, esas intervenciones han sido criticadas por su carácter superficiales y coste limitado. En Guadalajara, las obras alrededor del estadio Akron se dieron en un contexto de crisis social profunda, marcada por el hallazgo de restos humanos que recuerdan el grave problema de personas desaparecidas en el país, una cifra que supera las 115,000 víctimas.

El Mundial también supone un impacto económico y social complejo. Los precios de los boletos en México serán de los más altos en comparación con las otras sedes, con valores que oscilan entre los 200 y mil dólares, inaccesibles para la mayoría de la población que percibe salarios mínimos. Esta situación refleja la creciente desigualdad que, junto con el turismo corporativo y el aumento en el costo de servicios, podría generar procesos de gentrificación que afectan a los sectores populares tradicionalmente vinculados al fútbol.

Además de la infraestructura y la inclusión social, hay un componente sanitario crucial. La llegada masiva de visitantes internacionales obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y los sistemas de respuesta sanitaria. Aunque el riesgo de enfermedades como el ébola se considera bajo, especialistas alertan sobre la posibilidad de brotes de patologías respiratorias y virus como influenza, COVID-19 o sarampión, que se propagan con rapidez en eventos multitudinarios. Esta realidad plantea un desafío para las autoridades mexicanas, que deben equilibrar la imagen del país con la protección efectiva de la salud pública.