Mientras México atrae la atención mundial por la celebración de un torneo de fútbol, cientos de miles de familias enfrentan una crisis humanitaria silenciada. Padres y madres buscadoras de personas desaparecidas exigen que el gobierno deje de simular atención y asuma su responsabilidad frente al dolor que ellos han tenido que cargar.

Estas familias recorren a diario fosas clandestinas, revisan expedientes oficiales y abren zanjas en busca de sus seres queridos desaparecidos. Su lucha ocurre en medio de una escalada de violencia, marcada por asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas a periodistas que evidencian la incapacidad o falta de voluntad del Estado para garantizar derechos humanos básicos.

El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada advirtió sobre la gravedad del fenómeno en México, invocando por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida señala que las desapariciones masivas podrían constituir un crimen de lesa humanidad, dada su continuidad y extensión territorial.

A pesar de esta alerta internacional, las actividades de los grupos criminales continúan expandiéndose, con efectos devastadores en múltiples sectores de la sociedad. La inseguridad impacta a comerciantes, productores y comunidades enteras, que sufren extorsiones, desplazamientos y múltiples asesinatos.

En este contexto, las madres y los padres buscadores denuncian la indiferencia de la administración federal y el rechazo al diálogo con autoridades, lo cual perpetúa la revictimización. Reclaman reconocimiento, respaldo a sus búsquedas y acciones concretas que pongan fin a esta tragedia social.