Estados Unidos impuso un impuesto y estrictos controles a las remesas enviadas desde ese país hacia México, una medida que amenaza con reducir significativamente el flujo de recursos que millones de familias mexicanas reciben cada mes. La orden ejecutiva obliga a las instituciones financieras a verificar la identidad de los remitentes, requiriendo documentación como licencia de conducir y número de seguro social o ITIN, un requisito complejo para gran parte de los migrantes indocumentados.

Estas disposiciones complican la transferencia de dinero, pues se calcula que más de cuatro millones de mexicanos residen en Estados Unidos sin la documentación requerida, lo que impactará negativamente en las remesas. El año anterior, estas transferencias sumaron más de sesenta y dos mil millones de dólares, equivalentes a una porción significativa del producto interno bruto mexicano. La reducción prevista en ese flujo afectaría el sustento de familias y la estabilidad económica del país, que ya enfrenta síntomas de recesión.

En paralelo, en una cumbre internacional, el presidente estadounidense calificó al gobierno mexicano como dominado por la delincuencia organizada y narcotraficantes, declarados por él como terroristas. Además, acusó a autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Sheinbaum, de falta de voluntad para combatir el crimen organizado, señalando además a políticos vinculados con investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano.

El mandatario señaló que aunque ha disminuido el tráfico de drogas por vía marítima, persiste el flujo terrestre hacia Estados Unidos, y planteó la posibilidad de enviar agentes policiales y tropas estadounidenses a territorio mexicano, una acción que implicaría una grave afectación a la soberanía nacional. Esta amenaza coincide con presiones para extraditar a varios políticos buscados por la justicia estadounidense, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve implicados, situación que coloca a las autoridades mexicanas en una posición delicada.

El contexto político y económico creado por estas medidas y declaraciones refleja tensiones crecientes entre ambos países, cuyas consecuencias podrían impactar tanto la cooperación bilateral como el bienestar de millones de mexicanos dependientes de las remesas.