Un documento fundamental para el caso surgió durante la tercera jornada del juicio contra David Sánchez, acusado por su contratación en 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Este archivo, localizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no fue entregado inicialmente a la jueza instructora, según afirmaron las acusaciones populares.

El documento consiste en un hilo de correos electrónicos que incluye un archivo adjunto con una plantilla que, según el texto de los mensajes, reflejaba al 100% el papel usado para asignar el puesto de coordinador. En él, se adjudicaba directamente a Sánchez la plaza, mientras se rechazaba al resto de los candidatos, lo que sugiere una decisión previa y poco transparente en el proceso de selección.

Representantes de las asociaciones Liberum, Manos Limpias, Iustitia Europa y HazteOír denunciaron que sin la intervención de la UCO este archivo hubiese permanecido oculto, dificultando la investigación. Además, evidenciaron que durante el juicio un miembro de la comisión evaluadora afirmó no recordar ni haber visto el documento, a pesar de su aparente relevancia, lo que pone en entredicho la fiabilidad de algunos testimonios.

Otro punto cuestionado fue la coincidencia entre la plantilla descubierta y elementos que aparecen en el expediente, específicamente justo después del currículum de Sánchez, lo que indica manipulación documental por parte de la administración.

Por otra parte, la abogada de Manos Limpias denunció que varios testigos parecían estar preparados con anticipación para declarar, señalando cambios importantes entre sus declaraciones en la instrucción y las realizadas en el juicio. Sin embargo, reconoció que la sesión dejó evidencias firmes en torno a la acusación, especialmente la comprobación de que parte del currículum de Sánchez es un «copia y pega» de un fragmento de un informe usado como propuesta para su contratación.

En líneas similares, desde Iustitia Europa remarcaron que esta situación alimenta las sospechas sobre la transparencia del proceso y la posible preselección del candidato favorecido. De este modo, las acusaciones trazan un panorama donde la administración y los implicados habrían ocultado pruebas y permitido la manipulación de documentos para garantizar la contratación de Sánchez.