En los últimos años, el Estado de México ha visto un cambio significativo en la relación entre alcaldes y la justicia. Lo que antes parecía invulnerable, hoy refleja una serie de procesos judiciales contra presidentes municipales en funciones o exfuncionarios, sin importar su filiación política. Esta nueva dinámica demuestra que el poder local ya no garantiza impunidad frente a investigaciones penales.
Un caso emblemático es el del exalcalde de Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, cuyo proceso judicial culminó en una condena histórica. Nava Sánchez fue señalado como presunto autor intelectual de un atentado armado ocurrido en marzo de 2020 contra el primer regidor José Luis Álvarez Orozco. Tras su detención y un largo juicio, un tribunal lo sentenció a más de 42 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa, uno de los fallos más severos dictados en contra de un alcalde en la entidad.
Otra causa que resonó ampliamente fue la del exalcalde de Santiago Tianguistenco, Diego Moreno Valle, acusado de violación. La denuncia promovió una investigación detallada que llevó a su detención y vinculación a proceso, generando una crisis política local. Para mantener la operación del Ayuntamiento, se nombraron autoridades sustitutas mientras avanzaban las diligencias, evidenciando la tensión que generan los señalamientos penales en la administración pública.
La capital del Estado de México también protagonizó un caso significativo con la caída del entonces alcalde Raymundo Martínez Carbajal. Fue denunciado por su exesposa por privación ilegal de la libertad y extorsión, manteniéndose prófugo por varios meses hasta que fue capturado por la Fiscalía. La detención de uno de los principales cuadros históricos del PRI estatal tuvo una fuerte repercusión política, ampliando el debate sobre la responsabilidad penal de autoridades municipales.
Estos procesos reflejan una tendencia creciente en distintas regiones de la entidad, donde alcalde tras alcalde enfrenta acciones penales por diversos delitos. La fiscalía estatal ha intensificado su labor, y aunque cada caso es distinto, todos comparten la pérdida del amparo político que tradicionalmente protegió a quienes ejercen el poder en los municipios mexiquenses.