El registro obligatorio de líneas telefónicas en México enfrenta un retraso significativo, con aproximadamente 100 millones de usuarios que aún no han cumplido con el trámite, pese a la cercanía del plazo oficial para completar este proceso. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene que no habrá prórroga formal, aunque señales internas sugieren que se otorgará un margen adicional para regularizar la situación.
Las grandes compañías de telefonía móvil han registrado principalmente a los usuarios con contratos vigentes, pero un alto porcentaje de líneas prepago y de usuarios informales continúa sin registrarse, lo que alimenta la preocupación social. En consecuencia, crecen las manifestaciones de rechazo por parte de grupos ciudadanos que cuestionan la obligatoriedad de vincular datos personales a sus dispositivos, temiendo la exposición y un posible mal uso de la información.
El recelo entre la población se refleja en diversas plataformas digitales y estudios de mercado. Un análisis de The Competitive Intelligence Unit reporta que la mayoría de los usuarios que no han realizado el registro destacan la falta de confianza hacia las autoridades y operadores como la principal causa para evitar entregar sus datos. A esto se suma que en el mercado informal ya circulan teléfonos con registros adulterados o a nombre de terceros, lo que pone en duda la efectividad del programa para combatir actividades delictivas vinculadas al uso de celulares.
Ante este escenario, el empresario Carlos Slim solicitó una revisión del calendario oficial para registrar líneas móviles, argumentando que el tiempo para cumplir con esta exigencia se está agotando y que numerosas personas no podrán completar el trámite en la fecha prevista. A pesar de que la CRT no ha concedido una prórroga formal, la autoridad ha establecido nuevos criterios regulatorios que permitirían extender de manera práctica los plazos para que más usuarios regularicen su situación.
Las empresas telefónicas, incluyendo Movistar y empresas del Grupo Televisa, han solicitado a la CRT aclaraciones sobre la aplicación de estos plazos, buscando garantizar que sus clientes puedan cumplir sin sanciones inmediatas. La supervisión y operatividad de este registro involucra el manejo de millones de datos sensibles, lo que genera inquietudes sobre la capacidad de las instituciones para proteger dicha información ante posibles brechas de seguridad.
Este registro se implementa con el objetivo declarado de reducir delitos como extorsión, fraude y secuestro, asociados al uso anónimo o ilícito de celulares. Sin embargo, la resistencia social y las fallas detectadas en el control del mercado ilegal complican la percepción de su éxito. En paralelo, continúa el debate sobre la conveniencia y alcance de la medida frente a los derechos de privacidad y la confianza ciudadana.