El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) detectó irregularidades por más de 4.5 millones de pesos en la administración municipal de Perote, correspondiente al ejercicio presupuestal de 2024. Estas observaciones forman parte de una serie de hallazgos importantes que reflejan un manejo poco transparente y posiblemente irregular de los recursos públicos en los últimos años.
Durante tres años consecutivos, de 2022 a 2024, el Ayuntamiento bajo la presidencia de Delfino Ortega Martínez acumuló múltiples señalamientos financieros. En 2022, las observaciones superaron los 11 millones de pesos, divididos entre irregularidades financieras y anomalías en obra pública. Al año siguiente, la cifra llegó a cerca de 9 millones de pesos, deteniendo nuevamente problemas en las finanzas y obras del municipio. El actual saldo auditado revela un posible daño patrimonial total que supera los 24 millones de pesos en menos de tres años.
Las irregularidades detectadas incluyen discrepancias en la gestión presupuestal y deficiencias en la ejecución y supervisión de obra pública. Para 2024, las observaciones se concentran en cuatro aspectos específicos del manejo financiero, lo que sugiere un patrón recurrente de desorden administrativo. Este contexto ha generado la apertura de procesos de responsabilidad para determinar los daños y perjuicios ocasionados al erario municipal.
El manejo cuestionado de los recursos públicos corresponde a la administración del alcalde Delfino Ortega Martínez, quien llegó a la presidencia municipal tras un proceso electoral marcado por la consolidación de grupos políticos tradicionales. Sin embargo, su gestión ha sido criticada por una falta de control efectivo, lo que habría permitido un presunto saqueo económico al municipio.
Estas auditorías forman parte del seguimiento frecuente que el ORFIS realiza a los municipios veracruzanos para garantizar la correcta administración de fondos públicos. La concentración de irregularidades en Perote ha generado preocupación sobre posibles actos de corrupción en el denominado “año de Hidalgo”, término que alude al último año de gobierno cuando se intensifican acciones para apropiarse de recursos antes del relevo administrativo.
Se espera que la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2025 aporte una cifra definitiva sobre el daño patrimonial total. Hasta ahora, la suma acumulada de observaciones apunta a un manejo deficiente y posiblemente fraudulento de los fondos públicos durante toda la administración de Ortega Martínez.