La discusión política en Chihuahua se tensó tras el rechazo de la bancada de Morena en el Congreso local a implementar reformas legales destinadas a blindar los próximos procesos electorales ante la amenaza del crimen organizado. Según el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, esta negativa pone en riesgo la integridad democrática y favorece intereses partidistas sobre la seguridad institucional.
El funcionario advirtió que la falta de medidas restrictivas deja al estado vulnerable a posibles injerencias del narcotráfico en la toma de decisiones electorales, con un impacto negativo para la confianza ciudadana en la democracia local. Esta situación, sostuvo, genera un vacío legal que podría facilitar la manipulación de los comicios por redes criminales.
La polémica dejó al descubierto las profundas diferencias entre el Ejecutivo estatal y la bancada de Morena respecto a la estrategia para garantizar la transparencia y seguridad electoral. Mientras el gobierno insiste en la urgencia de fortalecer las normas que impidan la infiltración del crimen organizado, los legisladores mantienen su postura, lo que ha generado un debate público sobre la necesidad de coordinar esfuerzos para proteger el voto y la voluntad popular en Chihuahua.