La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a adoptar estrategias efectivas para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Este fenómeno representa una grave violación a los derechos humanos y afecta el desarrollo, la educación y la integridad de las personas menores de edad.
El organismo señaló la importancia de fortalecer las políticas públicas que garanticen ambientes seguros y propicien el acceso a oportunidades educativas y sociales, de modo que reduzcan la vulnerabilidad de la infancia frente a la influencia de grupos delictivos.
Entre las medidas recomendadas están la supervisión de zonas de riesgo, la promoción de programas de prevención en comunidades vulnerables y la coordinación interinstitucional para atender de forma integral esta problemática. La CIDH enfatizó que el reclutamiento forzado es una práctica que afecta no solo a los menores, sino también a sus familias y comunidades.
Los Estados deben asegurar la fiscalización y castigo a quienes promuevan o faciliten esta práctica, así como atender a las víctimas mediante programas de recuperación y reintegración social que las protejan y les permitan reconstruir sus vidas. Además, el combate a la impunidad resulta fundamental para limitar la expansión del delito y garantizar la justicia.
Este llamado se enmarca en un contexto en el que distintas regiones enfrentan la coerción de grupos criminales que explotan la fragilidad de los menores para reclutarlos en actividades ilegales, afectando la seguridad y el tejido social.