Una manifestación en un plantel educativo de Huixquilucan que comenzó como una movilización pacífica terminó en un operativo policial con detenciones y señalamientos de violencia excesiva. Los alumnos y padres de familia protestaban para exigir la destitución de la directora, acusada de proteger supuestas redes de venta de narcóticos y prácticas ilegales dentro de la escuela.
El origen del conflicto fue un pliego petitorio en el que se incluían denuncias por extorsiones, cobros ilegales por el uso de sanitarios y un ambiente de hostigamiento hacia estudiantes y profesores. La exigencia central era que la directora saliera de su cargo ante la falta de respuestas oficiales a reclamos previos.
Durante la protesta, policías municipales y estatales ingresaron al plantel y, según testimonios, desplegaron armas de fuego para amedrentar a los manifestantes. Algunos alumnos relataban haber recibido agresiones directas mientras intentaban resguardarse. La presencia de madres de familia alertó sobre las detenciones de varios jóvenes y el trato otorgado a los estudiantes, que fue percibido como desproporcionado.
Expertos en derecho a la protesta y derechos de la infancia advirtieron que la actuación policial violó protocolos legales, especialmente al someter con fuerza a menores de edad sin explorar alternativas de mediación. El principio de proporcionalidad, que limita el uso de la fuerza solo a casos estrictamente necesarios, no se habría respetado, agravando la situación.
El nivel de tensión generado en el plantel refleja una crisis acumulada en la comunidad escolar, donde las acusaciones contra la directora incluyen no solo la protección de actividades ilícitas, sino también un ambiente de violencia y acoso que habría sido ignorado por las autoridades durante un tiempo prolongado.