El caso de Karim, un hombre en situación de calle con identidad de género femenina que fue intervenido por la Patrulla Espiritual en Tijuana, generó una gran polémica sobre la forma en que se aplican los procesos de rehabilitación a personas vulnerables. Su traslado a un centro de rehabilitación causó reacción inmediata en redes sociales y activistas que cuestionaron la legalidad y la ética del procedimiento.
Durante la intervención, que se transmitió en vivo, se observó que Karim fue llevado aparentemente sin su consentimiento a un centro dirigido por el coordinador conocido como “El Chiquilín”, famoso por documentar rescates urbanos en internet. Allí recibió atención básica, fue aseado, vestido y peinado, lo que activistas y colectivos LGBT+ interpretaron como una posible vulneración de sus derechos individuales y de su identidad.
En respuesta, diversos grupos promovieron un amparo legal para exigir que Karim saliera del centro, recurso que finalmente prosperó y permitió su regreso a las calles. Sin embargo, fuentes cercanas a la Patrulla Espiritual indicaron que sus familiares aprobaron el tratamiento al firmar documentos que autorizaban la intervención, alegando preocupación por su salud y adicción. Posteriormente, seguidores de la agrupación aseguraron que Karim había recaído en sus adicciones y estuvo cerca de sufrir una sobredosis.
La controversia desató una movilización masiva en apoyo a la Patrulla Espiritual, que convocó a una marcha en la que, según organizadores, participaron alrededor de cuatro mil personas en Tijuana. Durante la emisión en vivo, se registraron hasta siete mil usuarios conectados simultáneamente. Además, asistieron representantes de centros de rehabilitación de distintas regiones, quienes respaldaron el trabajo de la agrupación en el rescate de personas en situación de calle.
Este episodio profundiza el debate sobre los límites entre el apoyo y la vulneración de derechos en casos de adicción y rehabilitación, especialmente en contextos donde el consentimiento es dudoso y la identidad de las personas puede verse afectada. Cuestiona quién debe autorizar estas intervenciones, la efectividad de los centros y el respeto a la autonomía de quienes se encuentran en situación de calle.