Ante la imposición del registro obligatorio de celulares y la amenaza del llamado “apagón digital”, miles de mexicanos se han negado a entregar sus datos personales, desafiando la entrada en vigor de esta medida que buscaba regular las líneas telefónicas.
El gobierno aseguró que el plazo para cumplir esta obligación era definitivo, pero la resistencia ciudadana obligó a establecer una prórroga para las compañías telefónicas, evidenciando la falla en la implementación del registro. En respuesta, activistas y especialistas comenzaron a promover amparos masivos para frenar esta regulación, que consideran una violación a la privacidad y los derechos constitucionales.
Desde la frontera norte, en Ciudad Juárez, se convoca a una movilización jurídica para impulsar estos recursos legales contra la llamada Ley Espía, como se conoce a esta norma controvertida. La ciudad, símbolo histórico de resistencia, se convierte en el epicentro de una campaña que busca proteger la libertad de los usuarios frente a la tecnodictadura y el control estatal sobre la información personal.
Frente a la intensificación de amenazas, mensajes y presiones gubernamentales —que buscan forzar la aceptación del registro—, la estrategia fundamental ha sido la presentación de amparos, una herramienta legal que permitirá a los ciudadanos defender su derecho a la privacidad y evitar la cancelación de sus líneas telefónicas.
La convocatoria incluye la realización de una reunión en el Museo de la Ex Aduana de Ciudad Juárez, donde se orientará a los interesados sobre cómo participar en esta resistencia legal. El objetivo es mantener la unidad y el compromiso para que la norma sea finalmente descartada y se preserve la libertad digital en el país.

