El pasado martes 2 de junio, el estado de Yucatán mantuvo la suspensión total de actividades laborales decretada por el gobernador y aprobada por el Consejo Estatal de Protección Civil, aunque las condiciones climáticas en Mérida mostraron sol y ausencia de lluvias durante la mayor parte del día.

Esta medida, de carácter preventivo ante una posible tormenta, motivó críticas por parte de un empresario joven que decidió acudir solo a su negocio para atender clientes. Según relató, a pesar de cumplir con su responsabilidad y operar en un entorno seguro, fue interpelado por agentes de la Secretaría de Protección Pública y Protección Civil, quienes intentaron sancionarlo e incluso clausurar su establecimiento alegando que poner en riesgo a la ciudadanía al trabajar era una falta.

El joven empresario señaló que los costos fijos, como nómina, pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), impuestos y servicios básicos, no pueden esperar a días con condiciones adversas, por lo que debía garantizar ingresos mediante su operación habitual, que además se realizó bajo medidas personales y sin empleados presentes.

Este episodio exhibe la tensión entre las decisiones gubernamentales para proteger a la población y las necesidades económicas de los empresarios, en especial de las pequeñas y medianas empresas que enfrentan cargas financieras constantes. La postura de las autoridades contrariando a quienes decidieron trabajar en un contexto sin riesgo visible ha generado cuestionamientos sobre la flexibilidad y sensibilidad en la aplicación de estas suspensiones.

Asimismo, se criticó que el gobierno no emitió ningún comunicado durante la jornada para aclarar la situación ni distinguir casos, y que se ordenó patrullar las avenidas comerciales para detectar negocios abiertos, lo que fue interpretado como una actitud coercitiva.

El llamado llamado oficial enfatizaba la importancia de proteger la integridad física de los trabajadores evitando traslados innecesarios, pero, en la práctica, la aplicación rigurosa de la suspensión no tomó en cuenta escenarios excepcionales ni la responsabilidad demostrada por ciertos empresarios.