La gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos por su postura ante la justicia en casos relacionados con narcopolíticos. A pesar de reconocimientos oficiales, incluyendo un elogio reciente de Andrés Manuel López Obrador que la calificó como la «mejor presidenta de México de nuestro tiempo», amplios sectores de la población manifiestan rechazo a su administración por supuesta defensiva hacia personajes vinculados al crimen organizado.

El rechazo no proviene exclusivamente de grupos políticos conservadores o de oposición tradicional, sino de ciudadanos comunes que critican su falta de acción efectiva y su negativa a enfrentar el problema. En un acto reciente en Carrillo Puerto, Sheinbaum defendió la soberanía judicial mexicana al rechazar que Estados Unidos imponga su justicia en México sin evidencias sólidas, a la vez que desestimó las acusaciones internacionales contra Rubén Rocha y otros señalados como narcopolíticos.

Sin embargo, estas declaraciones evidencian una contradicción: el gobierno mexicano, bajo su mando, ha evitado permitir que las instituciones judiciales actúen con independencia, y ha cuestionado pruebas presentadas directamente por autoridades estadounidenses, incluso tras visitas formales de funcionarios como el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

La situación refleja una crisis profunda en el Poder Judicial en México, que ha perdido autonomía tras procesos polémicos de designación de magistrados considerados como sumisos al Poder Ejecutivo. Esto obstaculiza la persecución efectiva de casos de corrupción y vinculación criminal que involucran a figuras políticas de alto perfil, limitando la capacidad del Estado de hacer justicia sin interferencias.

La evidente desconexión entre la defensa a ultranza de la soberanía judicial y la realidad del ejercicio del poder en el país alimenta la percepción pública de impunidad, ampliando la brecha entre gobernantes y gobernados. En este contexto, la ausencia de Sheinbaum en eventos públicos importantes, como el arranque del Mundial de fútbol, ha sido interpretada por algunos como un distanciamiento con la sociedad, que busca respuestas claras y acciones contundentes frente a la corrupción y al narcopoder.