El equipo jurídico que representa a Juan Antonio Vera Carrizal denunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está politizando el caso penal que enfrenta su cliente, debido a la intención de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de retomar un expediente que ya había sido devuelto a la justicia estatal de Oaxaca. Según los defensores, esta acción respondería a presiones de la presunta víctima, María Elena Ríos Ortiz, a fin de que la Corte atraiga el proceso judicial.
En una sesión previa, cinco de los ocho magistrados indicaron desconocer los elementos del caso contra Vera Carrizal, por lo que se había desechado la posibilidad de atraer el expediente. Sin embargo, Hugo Aguilar insistió en reabrir esta facultad, lo que para los abogados constituye una maniobra que atenta contra la autonomía de los tribunales estatales y la integridad del proceso.
Los defensores recordaron que el 14 de agosto de 2024 un juez en Oaxaca ordenó la libertad de Vera Carrizal al no encontrar pruebas suficientes para su condena. Esta decisión fue anulada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, que mantuvo su encarcelamiento, lo cual generó una controversia adicional dentro del caso.
Además, los abogados denunciaron una serie de retrasos y aplazamientos en la resolución definitiva por parte del Poder Judicial de la Federación, con múltiples fechas establecidas para la sentencia que se fueron postergando reiteradamente desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. Este clima de incertidumbre judicial, dijeron, refleja prácticas dilatorias que afectan la certeza legal de Vera Carrizal.
Ante esta situación, solicitaron a la SCJN y, en especial, a Hugo Aguilar que se respete la independencia de los estados para impartir justicia y se evite una excesiva intervención política que, a su juicio, favorece intereses particulares en detrimento de la transparencia y el respeto al debido proceso.