El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa fue citado para presentarse en una audiencia en Nueva York, que tuvo lugar el 1 de junio. La convocatoria se enmarca dentro de una investigación que lo relaciona con presuntos delitos vinculados a la delincuencia organizada.
Esta acusación coincide con una serie de solicitudes de extradición que México ha dirigido a Estados Unidos contra diversos funcionarios y empresarios, incluidos exgobernadores y personas señaladas en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa. Aunque México ha solicitado decenas de extradiciones desde 2018, hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta favorable de las autoridades estadounidenses.
Las audiencias buscan avanzar en la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y esclarecer actividades ilícitas que afectan la seguridad en México. En paralelo, la Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica estricta y el gobierno federal impulsa la adopción de tecnologías extranjeras, como la del FBI, para mejorar la identificación de cuerpos en crisis forenses.
Este proceso también se enmarca dentro del creciente contexto de violencia y desconfianza ciudadana en México, donde a pesar de algunos indicadores de mejoría en la paz social, un alto porcentaje de la población sigue manifestando temor frente a la inseguridad y la violencia persistente.