La Unión Europea activó formalmente el Pacto de Migración y Asilo, una reforma que busca uniformar las políticas migratorias de sus 27 países miembros al crear un marco común para el control fronterizo, la gestión de solicitudes de asilo y la distribución de responsabilidades. Esta iniciativa responde a las deficiencias detectadas en el sistema tras la crisis de refugiados de 2015, y busca establecer un enfoque más coordinado y restrictivo.

Una de las principales novedades es la aceleración de los procesos para tramitar las solicitudes de protección internacional. Cuando una persona llegue de forma irregular, ya sea tras ser rescatada en el mar o interceptada en la frontera, su petición será evaluada con mayor rapidez, sobre todo si procede de países con bajas tasas de reconocimiento de asilo o considerados "seguros". Esto podría reducir significativamente las posibilidades de aprobación y aumentar las expulsiones.

La UE ha definido una lista común de "países seguros" que incluye naciones como Bangladesh, Colombia, Egipto e India, entre otras. Quienes provengan de estos países deben someter sus solicitudes en plazos máximos de tres meses, con la posibilidad de evaluación inmediata en las fronteras. Esta categoría se fundamenta en criterios como la existencia de instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, aunque en la práctica facilita la rápida tramitación de solicitudes presuntamente infundadas.

Respecto a la gestión interna, el pacto establece un mecanismo de solidaridad para apoyar a los Estados que enfrentan mayor presión migratoria, como España, Grecia e Italia. Sin embargo, esta solidaridad no obliga a todos los países a aceptar migrantes; pueden elegir entre reubicarlos, aportar personal experto o brindar ayuda financiera. Esta flexibilidad supone que algunos Estados opten por contribuir económicamente en lugar de acoger solicitantes en su territorio.

Además, el acuerdo introduce un endurecimiento significativo en las medidas de control, incluyendo la duplicación de las prohibiciones de entrada y la limitación del recurso de apelación como freno a las expulsiones en ciertos casos. Así, los procedimientos de retorno se vuelven más ágiles y con menos interrupciones, fortaleciendo la gestión de las fronteras exteriores comunitarias.

A pesar de la entrada en vigor del pacto, la Comisión Europea advierte que la mitad de los miembros aún no están preparados para su implementación plena, lo que podría afectar su efectividad inmediata. Sin embargo, el objetivo declarado es establecer un sistema migratorio más sólido y equitativo que compense las cargas y reduzca los abusos.