La ampliación del período vacacional en las escuelas, justificada por el secretario de Educación federal como respuesta a la ola de calor y al Mundial de fútbol, reflejó una desconexión con las necesidades reales del sistema educativo. Esta medida abrió el debate sobre la profunda deuda pendiente en materia educativa y sanitaria, evidenciando problemas estructurales que trascienden un simple ajuste de calendario.

El sistema educativo mexicano arrastra un atraso marcado, con un promedio de escolaridad que oscila entre nueve y once años, según el Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, la UNESCO ha clasificado a México como un país sin progreso educativo reciente, alertando sobre estancamiento y retrocesos en áreas clave como la lectura. La deserción escolar en secundaria también va en aumento, lo que genera preocupación entre expertos en políticas educativas.

Otro aspecto crítico es la disparidad entre escuelas, ya que 7 de cada 10 escuelas públicas carecen de acceso a internet, lo que amplía las brechas educativas frente a las instituciones privadas. Este déficit tecnológico afecta la calidad del aprendizaje y limita el desarrollo de habilidades esenciales en un mundo cada vez más digital. Además, el cierre anticipado de clases sin una estrategia pedagógica clara solo refleja una mala planeación, que no debe recaer sobre estudiantes, docentes ni familias trabajadoras.

La falta de estructura escolar deja a muchos niños expuestos a riesgos como la adicción a dispositivos digitales, la violencia familiar y otros peligros asociados al entorno digital y social. Este problema tiene mayor intensidad en zonas rurales, donde recientemente se registraron miles de bajas escolares en primaria y secundaria, fenómeno que afecta tanto al bienestar infantil como a sus comunidades.

Además, un mes extra de vacaciones supone un impacto económico significativo para la microeconomía local, que gira en torno a las escuelas. Sectores como el transporte, papelerías y el comercio informal dependen del calendario escolar. También se incrementa la responsabilidad sobre las familias para cuidar a los niños durante este periodo, muchas veces sin recursos o redes de apoyo adecuadas.