Autoridades estadounidenses arrestaron a dos individuos acusados de brindar protección al Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más buscados por la justicia internacional. Estas detenciones forman parte de una estrategia para desmantelar las redes de apoyo que permiten la operación y expansión del cártel.
En paralelo, la DEA alertó que las recientes imputaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien presuntamente recibió respaldo de líderes del grupo conocido como Los Chapitos, podrían ser solo el principio de una investigación más amplia contra autoridades vinculadas al narcotráfico.
Además, el gobierno de Estados Unidos negó una serie de solicitudes de extradición enviadas por México debido a la falta de pruebas suficientes, confirmó la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esta situación refleja dificultades en la cooperación bilateral para perseguir a criminales que operan entre ambos países.
Estas acciones coinciden con revelaciones recientes sobre la influencia del Cártel de Sinaloa en la política estatal y la administración pública, elevando la preocupación sobre los nexos entre el crimen organizado y ciertos actores gubernamentales.
La detención de estos dos acusados refuerza la presión internacional contra las estructuras que facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia vinculada al narcotráfico. Expertos en seguridad apuntan que el seguimiento judicial a grupos de protección dentro de las filas del cártel es vital para debilitar su cadena de mando y logística.

