Extremadura contará con una asignación de 210 millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para ampliar el parque público, rehabilitar viviendas y apoyar a colectivos vulnerables. La primera transferencia será de 24 millones en 2026, con un total que cubrirá todo el periodo hasta 2030. Sin embargo, la Junta de Extremadura tendrá que aportar cerca de 84 millones, lo que representa el 40% de la inversión total, según el modelo establecido en el plan.
Este plan nacional, aprobado recientemente en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, contempla movilizar alrededor de 7.000 millones para toda España, triplicando los fondos del programa previo. La distribución del presupuesto se divide en tres áreas principales: construcción y adquisición de viviendas (al menos 40%), rehabilitación (30%) y ayudas sociales (30%), enfocadas en proteger a personas y territorios con mayores dificultades.
Entre las medidas destacadas, se incluyen ayudas de hasta 85.000 euros para nuevas promociones públicas o protegidas, incentivos para la construcción industrializada, subvenciones para rehabilitación, programas para poner en circulación viviendas vacías y apoyo específico al alquiler juvenil. Además, el plan establece ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que adquieran o construyan su primera vivienda en localidades pequeñas —de hasta 10.000 habitantes—, indicador que se podrá ampliar a municipios de hasta 20.000 habitantes que experimenten pérdida demográfica. Otro aspecto innovador es que las viviendas financiadas con estos recursos permanecerán protegidas indefinidamente, evitando su privatización o salida del parque público.
Desde la Junta de Extremadura, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda manifestó su rechazo ante la exigencia del Ministerio de que la comunidad asuma una aportación siete veces mayor que en el plan anterior, mientras que el Gobierno central incrementa su presupuesto en una proporción menor. Según la Junta, el programa no refleja la realidad demográfica ni socioeconómica de Extremadura y no ofrece soluciones reales para el mundo rural, principal desafío en la región. Criticaron además que el plan imponga una agenda política desde el Gobierno de España, más que atender las necesidades concretas de los ciudadanos.