El acceso a datos sobre la ampliación y modernización del puerto de altura de Progreso quedó restringido para la ciudadanía por decisión del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy). La información fue declarada «reservada» por un plazo inicial de cinco años, que podría extenderse hasta diez, con lo que no estaría disponible hasta que concluya la próxima administración estatal.
La resolución aplica no solo a este proyecto en específico, sino a todos los considerados estratégicos por el gobierno estatal, lo que genera un escenario de total opacidad en torno a obras de relevancia pública. El Inccopy argumenta que revelar los detalles podría poner en riesgo la seguridad nacional, pública y la defensa, además de permitir actos de sabotaje o destrucción contra la infraestructura.
Además, la institución indicó que no existe un proyecto ejecutivo formal para la terminal remota, lo que complica aún más la supervisión ciudadana y el escrutinio público. Para colectivos como ¡Ya Basta!, esta situación representa una “oscuridad total”, que deja a los ciudadanos en un estado de indefensión ante la falta de información sobre decisiones clave en infraestructura.
La declaración clasificatoria de “reservado” se fundamenta en la supuesta prioridad de proteger «el interés público» y evitar daños significativos vinculados a la seguridad nacional, según el comité de transparencia del Inccopy. Sin embargo, este criterio genera inquietud sobre la transparencia y la responsabilidad gubernamental, pues basta con que una obra sea etiquetada como estratégica para restringir su consulta pública.
La controversia escaló cuando, en una sesión del colectivo ¡Ya Basta!, Blanca Estrada Mora destacó que este nivel de secretismo excede la opacidad habitual y constituye un impedimento para ejercer el derecho constitucional de acceso a la información. La prolongada reserva podría permanecer vigente hasta finales del actual gobierno o incluso más allá, limitando la capacidad de la sociedad para vigilar proyectos que involucran recursos públicos y el desarrollo regional.