El problema de los políticos autoritarios y corruptos no empieza con su llegada al cargo, sino en una cultura que los permite y hasta los alienta como figuras centrales del poder. En México, la sociedad ha aprendido a admirar al poderoso, al jefe que abre puertas y decide, en lugar de valorar a la ciudadanía libre o a la fortaleza institucional.
Esta herencia cultural, que persiste desde la época colonial, se traduce en procesos electorales donde se vota a personajes carismáticos y no a programas o instituciones. Esa preferencia por el «salvador» político reproduce un ciclo donde el abuso se naturaliza, porque la ley y la norma pierden peso frente a la imagen y la autoridad personal.
La democracia moderna se funda en que la ley supere al gobernante y que el cargo sea una responsabilidad temporal, no una propiedad personal. Sin embargo, en muchas comunidades mexicanas, los alcaldes y gobernantes son vistos como dueños simbólicos del territorio, lo que revive una corte de lealtades, privilegios y clientelismo dentro de estructuras formales. Esta forma de patrimonialismo no es exclusiva de un partido político; puede manifestarse en cualquier color o grupo, siempre que arraigue en la idea cultural del poder como propiedad personal.
Este enfoque genera una contradicción notable: mientras los ciudadanos denuncian los abusos una vez que ocurren, al mismo tiempo contribuyen, consciente o inconscientemente, a mantener el sistema que los produce. La reflexión debe ir más allá de la coyuntura y los actores políticos para cuestionar ese entramado social y cultural que legitima la concentración de poder y el desplazamiento de la ciudadanía y las instituciones.