Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron mensajes en dispositivos incautados a Leire Díez, exmilitante del PSOE, donde ella presumía de mantener reuniones con fiscales y de poder gestionar acuerdos para personas implicadas en investigaciones contra el partido en el Gobierno.

Estos mensajes salieron a la luz durante el interrogatorio al abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente juzgado en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen. La declaración se produjo tras una orden del juez Santiago Pedraz, quien autorizó un registro en la sede del PSOE para investigar posibles pagos vinculados a la trama presuntamente liderada por Santos Cerdán, ex 'número 3' del partido.

En la indagatoria, el abogado negó haber concurrido a reuniones con Díez o recibir documentación de ella, pese a que los agentes le mostraron capturas de conversaciones de la aplicación Signal en las que se menciona un interlocutor identificado como 'S', posiblemente Santos Cerdán. También se le presentó una fotografía de un documento que él no reconoció, aunque admitió que Díez le había hablado en alguna ocasión acerca de una multa y una pena de cárcel leve.

Además, el letrado confirmó que Díez le ofreció facilitarle encuentros en Fiscalía para mejorar la situación de Villarejo dentro del caso Tándem, afirmando que podía "pedir cita porque le atenderían", sin precisar si estaba referido a Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sin embargo, aseguró que ni siquiera envió el correo para concertar esa reunión, dada la falta de credibilidad que le generó la propuesta.

También negó conocer encuentros entre Díez y el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz sobre el asunto de Villarejo, aunque la Guardia Civil le mostró un mensaje en el que la exmilitante le escribía saludos y actividades relacionadas con esas gestiones.

El contenido de estas pruebas forma parte del sumario al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, y apunta a una posible estrategia de Díez para influir en procesos judiciales mediante pactos con Fiscalía, dentro de una cruzada contra jueces, fiscales y agentes que investigaban al partido en el poder.