En México, la violencia vinculada al crimen organizado sigue siendo un problema crítico en ciertos estados, especialmente en Colima y Sinaloa, que son señalados como los más violentos. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en el número de homicidios, la percepción social de inseguridad y corrupción mantiene altos niveles de desconfianza entre la población.
Este entramado de inseguridad se refleja en ciudades como Uruapan, que registra la mayor percepción de peligro entre sus habitantes. Paralelamente, México ocupa una posición desfavorable en el índice global de percepción de corrupción, ubicándose en un lugar muy bajo entre países evaluados, lo que resalta la necesidad urgente de adoptar medidas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas.
En el ámbito judicial y forense, el país ha avanzado con la adopción del sistema Codis, una tecnología desarrollada por el FBI para la identificación acelerada de cadáveres a través de bases de datos genéticos interconectadas. Este método promete agilizar la investigación y procesamiento de miles de restos humanos, pero enfrenta limitaciones en su implementación, ya que entidades con crisis forenses profundas, como Estado de México y Tamaulipas, no están contempladas en la primera fase.
Asimismo, en materia institucional, el traslado de Prodecon, órgano de defensa de los contribuyentes, a manos de la llamada “Dama de hierro” ha generado opiniones mixtas. Expertos valoran la unificación administrativa como un avance organizado, aunque temen que se pierda la autonomía técnica necesaria para defender eficazmente a los ciudadanos.
Ante preocupaciones de salud pública, la Secretaría de Salud emitió una alerta preventiva para viajeros provenientes de regiones afectadas por el brote de ébola declarado por la OMS en África, manteniendo la vigilancia en nivel bajo dentro del territorio mexicano.
Finalmente, en el ámbito judicial federal, el gobierno plantea revertir la eliminación de ciertas salas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La medida buscaría aliviar la saturación de trabajo en el pleno del tribunal, reintegrando secciones que permitan mayor eficiencia en la administración de justicia.