La agresión física sufrida por María Felicia, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, generó una condena unánime entre legisladores de distintos partidos políticos. Desde el Senado y la Cámara de Diputados, representantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitaron que las autoridades realicen una investigación rigurosa y efectiva para esclarecer los hechos y proteger a la víctima.
En apoyo directo a María Felicia Jiménez, la presidenta saliente del Senado, Laura Itzel Castillo, manifestó su respaldo y anunció que dará seguimiento al caso desde sus actuales funciones y cuando asuma la Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Reafirmó el compromiso de impulsar el acceso a la justicia, la protección de los derechos femeninos y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Desde su posición, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, calificó como inaceptables los hechos difundidos en un video en redes sociales y exigió que las investigaciones se conduzcan con total seriedad y respeto a la dignidad de las mujeres. Esta declaración se suma al rechazo generalizado frente al episodio de violencia, el cual pone en el foco la problemática más amplia de agresiones contra mujeres en el país.
Por su parte, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, criticó la postura del Gobierno Federal y de la Secretaría de Energía (Sener), a quienes acusó de deslindarse del exfuncionario en lugar de asumir la responsabilidad por los hechos que ocurrieron mientras Rodríguez Padilla aún ocupaba el cargo hasta mediados de mayo. Döring cuestionó la falta de acciones preventivas durante el periodo en que el exdirector estaba en funciones, denunció una estrategia de control de daños y reclamó reconocimiento firme del problema.
Este caso resalta la urgencia de abordar la violencia de género desde los espacios de poder y responsabilidad pública, asegurando que ninguna agresión quede impune y que exista un marco institucional que garantice la protección integral de las mujeres. El consenso entre los legisladores apunta a que la justicia debe prevalecer y que la sociedad no debe tolerar ni normalizar estos actos.